una gigantesca central hidroeléctrica sobre el río Xingú y ya divide opiniones e instituciones en este gigantesco país. En estos días deben estar finalizando la construcción de las estructuras de hormigón.
Calle del barrio de Jatobá, el primero de los cinco construidos por la empresa Norte Energía para reasentar desplazados de la ciudad de Altamira por la represa de la central hidroeléctrica de Belo Montea, en el norteño estado de Pará, en la Amazonia de Brasil. Crédito: Mario Osava/IPS
Con cualquier evaluación que se imponga tras los análisis, la obra Belo Monte dictará el destino de los planes del gobierno para el aprovechamiento energético de los ríos amazónicos, los únicos aún con potencial para generación a gran escala, ya agotada en otras partes de Brasil.
Un estudio del no gubernamental Insituto Socioambiental indica que de cumplirse los planes de construcción del gobierno para el periodo 2005-2030, las centrales hidroeléctricas amazónicas aportarán 67,5 por ciento de la nueva generación eléctrica de este país de 203 millones de habitantes.
El próximo proyecto de esa magnitud, São Luiz, sobre el río Tapajós, a oeste del Xingú, enfrenta un obstáculo aparentemente insuperable: la necesaria inundación de tierras indígenas por su embalse, vedada por la Constitución brasileña.
Belo Monte, cuyo proyecto original se modificó para no inundar tierras indígenas, es duramente criticada por afectar el modo de vida indígena. La fiscalía acusa a la empresa concesionaria, Norte Energía de etnocidio y de incumplir obligaciones con comunidades originarias, que como protesta ocuparon y dañaron varias veces algunas de sus instalaciones.
São Luiz, diseñada para generar 8.040 megavatios, y otras centrales previstas para el río Tapajós enfrentan una resistencia potencialmente más eficaz, al encabezarla un pueblo significativo en la cuenca, el Munduruku, con cerca de 12.000 integrantes.
En el área de influencia de Belo Monte viven poco más de 6.000 indígenas divididos en nueve grupos y casi la mitad en ciudades, según cifras de la Fundación Nacional del Indígena (Funai), el órgano estatal de protección a los pueblos originarios.
Puente en construcción en un barrio de la ciudad amazónica de Altamira, para evitar inundaciones durante la crecida de un riachuelo. Obras como esta integran el plan básico ambiental, destinado a compensar los impactos de la gigantesca central hidroeléctrica de Belo Monte, a 55 kilómetros de distancia, en el norte de Brasil. Crédito: Mario Osava/IPS
Otra batalla, la del desarrollo local, tiene menos repercusión internacional que la cuestión indígena, pero puede ser también decisiva para la aceptación de hidroeléctricas en la Amazonia.
Norte Energía, un consorcio de 10 empresas estatales y privadas y fondos de inversión, destina unos 1.100 millones de dólares en acciones de mitigación y compensación de los impactos sociales y ambientales en 11 municipios en el entorno de la megaobra.
Esta suma, sin precedentes en proyectos de este tipo, equivale a 12 por ciento del total de la inversión.
La empresa reasentó 4.100 familias, desalojadas de sus viviendas para construir el embalse, indemnizó a otras miles, reurbanizó parte de Altamira y del municipio de Vitoria de Xingú, incluyendo obras de saneamiento básico, y construyó o remodeló seis hospitales, 30 centros de salud y 270 aulas escolares.
Pese a estas cifras, las quejas llueven por todos lados.
Norte Energía instaló el alcantarillado y tuberías en las calles de Altamira, con modernas instalaciones de tratamiento de agua potable y servida. Pero se demoró 10 meses el acuerdo suscrito en junio para conectar esas redes a las viviendas, con la alcaldía gestionando y la empresa financiando.
Y llevará otro tiempo más que el Consejo edilicio cree una empresa municipal de saneamiento y que el servicio empiece a operar.
Francisco Assis Cardoso, en el centro con una camiseta oscura, en su flamante negocio alimentario. El joven emprendedor instaló un supermercado y una farmacia en Jatobá, el nuevo barrio de la ciudad de Altamira en que toda su familia fue reubicada por la construcción de la central de Belo Monte, en la Amazonia brasileña. Crédito: Mario Osava/IPS
Pese a los inconvenientes existe esperanza de mejoras y más empleos para los pobladores cercanos a la hidroeléctrica. Otros aprovechan para instalar negocios, como es el caso de Francisco Assis Cardoso que a los 32 años se convirtió en el mayor comerciante de Jatobá al construir un supermercado en sociedad con la madre y una farmacia.
Pero se critica a Norte Energía por demorar sus promesas de escuelas, autobuses y puestos de salud en los cinco nuevos barrios y por “las injusticias” en la distribución de viviendas.
Un Plan de Desarrollo Regional Sustentable del Xingú busca ir más allá de las compensaciones por desalojo y otros impactos de las represas. Una coordinación paritaria entre sociedad y gobiernos elije proyectos que se financian con aportes de Norte Energía.
La Agenda de Desarrollo Territorial se elaboró con estudios y consultas de un equipo contratado por el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, que financió 80 por ciento de la construcción de Belo Monte.
Un tercer desafío de Belo Monte es probar su validez a críticos de su propio sector eléctrico, que se oponen a centrales de pasada, las que aprovechan el caudal sin retener el agua, tienen pequeños embalses y baja generación en el estiaje.
Belo Monte generará como promedio solo 40 por ciento de sus 11.233 megavatios de capacidad instalada. Para no inundar tierras indígenas, redujo su embalsamiento a 478 kilómetros cuadrados, 39 por ciento del previsto en el proyecto original de los años 80.
Autor: Mario Osava; Edición: Estrella Gutiérrez; IPS Noticias
Adaptación: Revistel Perú
