Como se sabe, el lunes pasado Petro-Perú colocó bonos en el mercado internacional por US$2 mil millones, la emisión más grande en la historia del Perú. El dinero recaudado será utilizado en la modernización de la refinería de Talara, proyecto que es propiedad de la petrolera estatal y quizá el elefante blanco más significativo heredado de la administración anterior.
¿Por qué decidió la presente administración continuar con un proyecto a todas luces sobredimensionado e ineficiente? ¿Por qué se aprobó un nivel de endeudamiento público adicional suficiente para construir 20 mil postas médicas o 1.600 comisarías? Lo que ocurre es que, como comentábamos al inicio, los errores gruesos no son simples de subsanar.
Siguiendo el razonamiento del Gobierno, dado el monto ya invertido en Talara y las contingencias legales y financieras de cancelar el proyecto, los costos marginales de paralizarlo pueden ser mayores a los beneficios marginales de continuar con él.
Por otro lado, vender el proyecto a un privado podría resultar financieramente inviable en este momento ya que, como se explicó, el aval público fue lo que hizo posible la exitosa colocación de bonos en primer lugar. El Gobierno ha quedado, pues, con un menú de elecciones que fluctúan entre malas, muy malas y pésimas.
Si alguna lección debe dejar esta historia de un grave error de largo aliento, es que, cuando los incentivos institucionales permiten que sea el sector público el que tome decisiones de inversión productiva que le deberían corresponder al sector privado, los contribuyentes terminamos asumiendo riesgos innecesarios y pagando los platos rotos. Peor aún, en circunstancias así, salir del atolladero resulta costoso, arriesgado y lento. Es sabido que algunos errores cuestan caro.
