La electricidad en la Unión Europea enfrenta muchas y grandes dudas

(Miércoles, 12 de noviembre, 2014).- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó recientemente a favor del derecho de Suecia a rechazar un acceso del operador de parques eólicos finlandés para optar a su sistema de certificados verdes (que supone incentivos económicos y fiscales), a pesar de que la energía generada iba dirigida a la propia red nacional sueca. ¿Qué implicaciones podría tener esto para una Europa que está promoviendo un movimiento hacia un mercado común de la electricidad a través de los estados miembros?
tema 3
La Unión Europea está unida en su objetivo de hacer una transición de la generación de energía intensiva de carbono, a favor de las alternativas renovables. Los países miembros se han comprometido a reducir sus emisiones globales de carbono a un 20% por debajo de los niveles de 1990 para el año 2020, poniendo también sobre la mesa una nueva propuesta con el objetivo de situarse hasta un 40% por debajo de citado nivel para una década después, en 2030.

Una de las principales diferencias entre el acuerdo vinculante para el 2020 y las propuestas para 2030, es la eliminación de los objetivos de generación renovable a nivel estatal en favor de un objetivo común para toda la Unión Europea. El movimiento a priori ofrece flexibilidad añadida a los países líderes en generación renovable, para compensar aquellos que disponen de una menor capacidad sobre la producción. Proyecta por tanto en la teoría un enfoque de unión continental, en lugar de uno estatal.

Sin embargo, la reciente conclusión de un caso judicial que enfrentó a un operador de parques eólicos finlandés contra el Gobierno de Suecia sugiere que los ideales siguen siendo proteccionistas, y que el valor del viento va más allá de la energía que genera. El caso en cuestión se centró en el operador de parques eólicos finlandés Ålands Vindkraft para la obtención de certificados verdes suecos basándose en que la energía, aunque generada desde las turbinas en territorio finlandés, era transmitida directamente a la red sueca.

La empresa alegó que como la energía se consume en Suecia, se le debe dotar de los mismos incentivos financieros como un parque eólico situado en territorio sueco. En respuesta a la solicitud original, la Agencia de Energía Sueca rechazó la demanda, tomando la posición de que el plan de incentivos fue pensado para estimular la inversión en la industria nacional de la energía renovable y no en el crecimiento global del sector europeo. Insatisfecho con el resultado, Ålands Vindkraft inició acciones legales en los tribunales suecos, que arbitró el caso a la Corte Europea de Justicia (CEJ), con el argumento de que violaba la “libre circulación de mercancías”.

En la decisión final, el TJUE falló a favor de la Agencia de Energía Sueca. El tribunal consideró que el legislador de la Unión Europea nunca tuvo la intención de exigir a los estados miembros que hubiesen implementado esquemas de certificados verdes, a ser requeridos para proporcionar el mismo apoyo a esquemas basados fuera del propio país, incluso en los casos en los que la energía fuese consumida dentro de ese estado miembro.
tema 3.3
La decisión dejó a Ålands Vindkraft y otras compañías finlandesas en fuera de juego, mientras que las empresas noruegas que venden energía en Suecia continuaban beneficiándose del sistema de certificados verdes, cortesía de un acuerdo bilateral entre los dos países para crear un mercado común de electricidad.

Mientras que este caso individual concierne a los acuerdos en el mercado escandinavo, la cuestión central se focaliza sobre si los sistemas de certificación deben tener o no fronteras entre estados en toda Europa. Como era de esperar, la decisión del TJUE provocó un animado debate tanto para quienes están a favor como en contra del resultado.

Algunos expertos sobre la materia han sugerido que, si bien la decisión judicial preserva el status quo, la alternativa podría desembocar en una reducción del apoyo a los sistemas de certificación en los diferentes estados. Vemos muchos países que piensan muy a nivel nacional cuando se habla de apoyar las energías renovables, por lo que el actual panorama parece no estar dispuesto a otorgar subvenciones a instalaciones en otros países. Muchos apuntan que obligándolos a hacerlo, no crearía necesariamente un beneficio, ya que podrían decidir dar menos apoyo o encontrar otras fórmulas legales para excluir la construcción de nuevas instalaciones.

Además, especialistas en el ámbito político europeo sostienen que la idea de que los inversores extranjeros se estén financiando por fondos provenientes de los contribuyentes de un país, sería demasiado difícil de vender políticamente. Muchos temen que una participación de productores de energía no domésticos podrían sobrecargar fácilmente las medidas de apoyo nacionales a las fuentes de energía renovables; y menos aún que los consumidores nacionales, y, posiblemente, los contribuyentes, tengan que financiar las inversiones extranjeras.

En un documento que se indica en la resolución, el Global Counsel propuso que se abra la puerta a un enfoque más proteccionista de los Estados Miembros. Decía: “La Corte Europea de Justicia ha proporcionado a los Estados miembros un instrumento jurídico de gran alcance con el que controlar el ritmo de la ‘Europeización’ de las energías renovables y la expansión del mercado de la electricidad. Dado el localismo instintivo de los estados miembros sobre asuntos de energía, es probable que actuar al respecto suponga un fuerte freno al sector”.

En una línea similar, el organismo de la industria de las energías renovables RECS International sostuvo que la decisión daría lugar a que los desarrolladores buscasen distintos lugares para construir plantas solo donde se encuentren los mejores sistemas de certificación verde, en lugar de donde la tecnología renovable pudiera ser más efectiva. Esta situación según la RECS International, generaría como resultado un marco europeo que podría incentivar a las empresas a poner sus turbinas “donde el viento soplara más difícil” con tal de disponer de fuertes incentivos.

El Global Counsel fue menos pesimista en este sentido, sugiriendo que el argumento económico podría pesar más que el político: “La justificación económica para el emplazamiento de la generación renovable donde esta sea más eficiente sigue siendo poderosa y particularmente convincente en un momento en que los Estados miembros y la Comisión se están centrando en la reducción de los costos de energía de Europa y en el impulso de la competitividad”.

Más profundamente, el Oxford Institute for Energy Studies sostuvo que la decisión iba en contra de la naturaleza misma de la Unión Europea y su marco jurídico, declarando: “Es difícil conciliar la decisión con los principios fundamentales del derecho europeo, especialmente de los principios del libre comercio y la no discriminación. Tampoco está claro cómo la Unión Europea ahora hará el progreso firme hacia la igualdad de condiciones para el mercado de la electricidad”.
tema 3.1
Para las partes directamente relacionadas con el caso, la sentencia del TJCE apoya el derecho de Suecia a valorar si el viento noruego es superior al que sopla en Finlandia. Por supuesto, el valor no está sólo en el mismo viento, sino en el amplio impacto económico de los fuertes enlaces entre los dos países y los puestos de trabajo asociados a la construcción de una industria renovable más sólida. Sin embargo, con la Unión Europea trabajando para armonizar la regulación entre los Estados miembros y el establecimiento de un mercado único de la energía, podría desarrollar un sistema que democratizará la energía eólica, donde quiera que sople dentro de la UE.

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Cerrar