(15 Marzo 2017) Gas Natural Fenosa anunció el inicio de un proceso de liquidación y venta de su filial en Colombia, Electricaribe, y entablar acciones en contra del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos.
La decisión es el paso siguiente de la intervención ejecutada el año pasado por las autoridades colombianas que aseguraron que Electricaribe tiene un pasivo total de 2,4 billones de pesos colombianos (750 millones de euros), de los que 1,8 billones (565 millones de euros) corresponden a entidades financieras.
«Las conclusiones de los estudios de la Superintendencia permiten afirmar que la compañía no está en condiciones de prestar un servicio de energía con la calidad y la continuidad debidas, y de ahí que sea necesario ordenar la liquidación de Electricaribe», aseguró el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia, José Miguel Mendoza.
Mendoza también aseguró que el proceso de liquidación comenzará inmediatamente, que será público y tendrá una duración cercana a un año. El objetivo será «encontrar un operador que asuma la prestación del servicio de energía en la costa caribeña» y que asuma las inversiones necesarias para acabar con el «avanzado deterioro» de las redes en la zona.
Para acometer el proceso, las autoridades colombianas habilitarán un «cuarto de datos» y un proceso de ‘due diligence’, de cara a la celebración de una subasta «pública y competitiva» para escoger al nuevo operador. Mientras tanto, Electricaribe seguirá siendo administrada por un agente especial de la Superintendencia.
Electricaribe, participada en un 85,38% por Gas Natural Fenosa, fue intervenida por el Gobierno colombiano el pasado 14 de noviembre, situación que se amplió por dos meses en enero, hasta el 11 de marzo. A septiembre, Gas Natural Fenosa cifraba en 4.074.328 millones de pesos colombianos (1.259 millones de euros) la deuda que acumulaba por impagos de clientes de electricidad en Colombia.
Por su parte la empresa Gas Natural Fenosa anunció que denunciará al Gobierno colombiano ante el Ciadi, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial y emprenderá acciones judiciales. Colombia expropió la firma el pasado 15 de noviembre, alegando problemas técnicos y financieros. Desde entonces, las dos partes habían mantenido conversaciones, en un intento de consensuar una solución que llevara aparejada una compensación económica. Sin embargo, el Estado colombiano ha optado por imponer unilateralmente la liquidación, sin pactar una indemnización.
