La Defensoría del Pueblo de Colombia solicitó a la Justicia que revierta su orden de cesar las operaciones en la hidroeléctrica de El Quimbo, la segunda más grande de Suramérica, y adopte las «medidas necesarias» para evitar catástrofes ambientales en esa zona, situada en el sur del país.
«La Defensoría del Pueblo va a coayudar en la tutela presentada por el Gobierno Nacional y de manera respetuosa le hace unos planteamientos al señor juez para que tome las medidas necesarias a fin de evitar que una catástrofe ambiental se presente», manifestó a periodistas el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otalora.
El funcionario añadió que la entidad busca prevenir daños a la comunidad y a sus «derechos colectivos» a la salud y el empleo en sectores como el agrícola en el departamento del Huila, donde se sitúa la hidroeléctrica, ante lo cual la Defensoría «no puede hacer oídos sordos»
«El represamiento de agua puede tener consecuencias para la piscicultura, para el mismo empleo, el factor generador de energía en un momento tan grave como el que vivimos, todas esas consecuencias son señaladas por instituciones especializadas en el tema», agregó Otalora.
La hidroeléctrica de El Quimbo paró sus operaciones el pasado 10 de diciembre después de que la Corte Constitucional colombiana anulara el decreto presidencial que autorizó el llenado del embalse debido a que la empresa operadora, Emgesa, no lo había vaciado de la madera, guadua y biomasa que contenía.
Desde el cierre de El Quimbo diversos miembros del Gobierno se han pronunciado a favor del reinicio de las operaciones en la hidroeléctrica, argumentando que su paro conllevaría daños económicos y energéticos.
Entre ellos destaca la reacción del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que enfatizó en su cuenta de Twitter que «encender El Quimbo evitará tragedia ambiental y ayudará a afrontar la sequía que vivimos».
Por su parte, el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo López, publicó en una columna en el diario El Tiempo que «si no encendemos El Quimbo, nos enfrentamos a una catástrofe ambiental» ya que se pone en riesgo unas 19.000 toneladas de peces, en tanto que el viceministro de Industria, Daniel Arango, afirmó que el cierre podría afectar las exportaciones de tilapia.
Este proyecto fue adjudicado en marzo de 2008 a Emgesa, empresa que pertenece al grupo italiano Enel, y contó con una inversión de más 1.200 millones de dólares, de los cuales cerca de 170 millones se destinaron a mejorar la infraestructura del departamento del Huila y de los municipios del área de influencia del embalse.
El Quimbo empezó a funcionar el pasado 17 de noviembre pese a la decisión judicial del Tribunal Administrativo del Huila de suspender de manera cautelar la puesta en marcha de la planta de acuerdo con los estudios técnicos de la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM).
