La corrupción en Petrobras: una investigación que surgió de la casualidad

A mediados del año pasado, un demacrado ex ejecutivo petrolero miraba fijamente a seis fiscales federales poco expresivos sentados al otro lado de la mesa en una pequeña oficina en el sur de Brasil.

Durante semanas, había prometido contar lo que sabía sobre un supuesto complot de lavado de dinero, pero seguía sin abrir la boca, según investigadores. Entonces, se enteró que los fiscales también investigaban a su familia por posible manipulación de evidencia. Luego de esto, Paulo Roberto Costa comenzó a hablar.

petrobras 1

 

Durante sus casi 10 años como alto ejecutivo de Petróleo Brasileiro SA, conocida como Petrobras, aceptó sobornos de las mayores constructoras del país, a las que permitió defraudar a la petrolera controlada por el Estado en cientos de miles de millones de dólares a través de contratos inflados, según un relato que hizo Costa ante los fiscales y más tarde ante el Congreso brasileño. Otros ejecutivos y políticos brasileños recibieron una parte del dinero, aseguró, mientras que una red de personas que lavaban dinero les ayudó a esconder parte del botín en otros países.

La policía allanó decenas de casas y encontró elegantes autos deportivos y cajas fuertes llenas de dinero y joyas. Confiscaron tantas pinturas de valor supuestamente compradas con los sobornos, incluida una de Salvador Dalí, que permitieron que un museo exhibiera algunas de las obras.

El relato de Costa hizo estallar un escándalo que ha sacudido a Brasil, desatando una conmoción política y económica en la séptima economía del mundo. Apodada “Operación lava autos”, la investigación ha causado la renuncia de altos directivos de Petrobras, ha golpeado las acciones de la compañía y la ha obligado a cancelar proyectos y realizar miles de despidos. También se suma a los factores que tienen a la economía brasileña al borde de la recesión. Casi 50 legisladores y ex legisladores federales están siendo investigados.

Costa está bajo arresto domiciliario y coopera con los fiscales. Decidió hacerlo para proteger a su familia, dijo su abogado, João Mestieri, así como para “redimirse”. El abogado indicó que en un acuerdo de conciliación que busca una sentencia menos severa, Costa admitió los hechos de corrupción y haber enviado dinero al extranjero, que desde entonces ha devuelto.

La onda expansiva del escándalo ha llegado a la presidenta brasileña Dilma Rousseff, quien era presidenta de la junta directiva de Petrobras durante gran parte de los supuestos hechos de corrupción. Rousseff ha negado tener conocimiento de la situación y no ha sido implicada, pero sus índices de aprobación se han derrumbado. El 15 de marzo, más de un millón de personas protestaron en ciudades en todo el país, muchos de ellos pidiendo su renuncia.

En medio de la indignación pública y la reflexión sobre el potencial desaprovechado, es fácil pasar por alto otro ángulo del escándalo: los organismos jurídicos y encargados de hacer cumplir la ley han comenzado a surgir como instituciones independientes.

El caso saltó a la esfera nacional bajo la dirección de nueve fiscales poco conocidos que están enfrentándose a algunas de las fuerzas más poderosas del país. Muchos estudiaron en el exterior y están usando estrategias relativamente nuevas en Brasil, como rebaja de penas a cambio de información. Los medios locales los llaman “los nueve jinetes del apocalipsis”.

Su éxito o fracaso en el prominente caso tendrá un gran impacto a la hora de determinar si Brasil puede romper con una larga historia de corrupción e impunidad, un legado que muchos dicen ha perjudicado la economía y la confianza en el gobierno. Brasil se ubica en el puesto 135 entre 144 países en un ranking de uso debido de fondos públicos, según el Foro Económico Mundial.

petrobras 2

Ejecutivos de empresas de construcción han sido esposados y enviados a la cárcel frente a las cámaras de TV, un espectáculo que ha dejado boquiabiertos a los ciudadanos de un país donde los ricos y poderosos son acusados de recibir un trato privilegiado. “El temor a la ley era algo que no existía en Brasil para los delincuentes de cuello blanco y los políticos”, dijo Paulo Roberto Galvão de Carvalho, uno de los nueve fiscales. “Esto debe cambiar y está cambiando”.

Cuatro ex ejecutivos de Petrobras y al menos 23 ejecutivos de empresas de construcción han sido acusados de delitos como corrupción y lavado de dinero. Algunos han admitido la culpa a cambio de una rebaja de pena, afirman los fiscales, mientras otros han negado los cargos e irán a juicio. Abogados que representan a las empresas y a sus ejecutivos o bien negaron estar implicados, o dijeron que estaban cooperando, o no respondieron a pedidos de comentarios. Hasta ahora, no se han realizado juicios ni emitido condenas.

Ahora, el caso está ingresando en su fase más importante y potencialmente explosiva. En marzo, la Corte Suprema les dio a los fiscales luz verde para investigar a 48 miembros o ex miembros del Congreso.

La lista incluye al ex presidente Fernando Collor de Mello, quien enfrentó un juicio político en 1992 y tuvo prohibido participar en la vida pública durante una década. En 2006 ganó una banca en el Senado. El ex Mandatario ha negado cualquier irregularidad. El año pasado, dos décadas después de su juicio, la Corte Suprema lo declaró no culpable.

Muchos altos cargos en Petrobras son nombramientos políticos. El Congreso brasileño incluye legisladores de múltiples partidos pequeños -a veces llamados “partidos de alquiler”- que sobreviven formando coaliciones con los partidos más grandes a cambio de cargos públicos y otros beneficios.

Según la ley brasileña, los funcionarios elegidos por voto popular deben ser juzgados por la Corte Suprema, donde las condenas a políticos han sido poco frecuentes. La Corte hoy tiene 10 jueces, siete de ellos nombrados por Rousseff o su antecesor y aliado, Lula da Silva.

Los fiscales afirman que los sobornos parecen haber comenzado en 1997. Las firmas de construcción que querían hacer negocios con Petrobras acordaban pagar coimas a ejecutivos de la petrolera, que inflaban los costos de los contratos. Las mordidas ascendían a alrededor de 3% de los contratos inflados, según el testimonio de Costa ante el Congreso y de otro ex gerente que llegó a un acuerdo para declararse culpable, Pedro Barusco. Ambos indicaron que los funcionarios de Petrobras, que actuaban de facilitadores de los negocios, se quedaban con una parte del efectivo de los contratos inflados y destinaban el resto a un fondo para legisladores y partidos políticos.

Los fiscales afirman que unas 230 empresas están bajo investigación y que lo defraudado podría superar los US$ 700 millones. Un ex presidente de Petrobras dijo este año que los cargos contables por los valores inflados probablemente ascenderían a por lo menos US$ 1.200 millones, quizás mucho más.

Petrobras no ha realizado una estimación pública. La empresa se considera una víctima del supuesto plan y dice que colabora con la investigación.

petrobras 3

 

Barusco -quien, según los fiscales, ha llevado de vuelta a Brasil US$ 44,6 millones que estaban en cuentas bancarias suizas- afirmó en marzo en una comparecencia ante el Congreso que el Partido de los Trabajadores, que está al frente del gobierno, recibió el doble de dinero de sobornos a través del tesorero de la agrupación. El tesorero acusado de corrupción y lavado de dinero ha negado haber actuado ilegalmente, al igual que el PT.

La Operación lava autos -bautizada así porque un avance en el caso tuvo lugar en la estación de gasolina de un sospechoso- empezó casi por accidente. Mientras investigadores en el estado sureño de Paraná rastreaban las actividades de un confeso lavador de dinero llamado Alberto Youssef, descubrieron que en 2013 había regalado una camioneta Land Rover Evoque de US$ 78 mil a Costa, el ex ejecutivo de Petrobras.

Eso llamó la atención de Deltan Dallagnol, un fiscal federal en Curitiba graduado de la Escuela de Derecho de Harvard. Órdenes de allanamiento revelaron suficientes pruebas para acusar a Costa y los fiscales obtuvieron pistas sobre otros ejecutivos de Petrobras que parecían hacer negocios con Youssef.

El individuo aceptó cooperar a cambio de una sentencia reducida por lavado de dinero, según los fiscales. Su abogado dijo que Youssef niega otros cargos, como corrupción. El confeso lavador, quien se encuentra en la cárcel, no quiso ser entrevistado.

Presintiendo que estaban ante algo de grandes dimensiones, Dallagnol, de 34 años, y su colega Carlos Fernando dos Santos Lima, un graduado de la Universidad de Cornell de 50 años, formaron un equipo para investigar sus pistas. El par eligió otros fiscales que consideraban de confianza y que estaban dispuestos a mudarse a Curitiba.

Los fiscales han intentado mantener la investigación en esa ciudad, lejos de los centros de São Paulo y Rio de Janeiro. Allí han recibido la ayuda del juez federal Sergio Moro, quien ha emitido muchas de las órdenes de allanamiento, y de la división local de la policía federal. Los fiscales han luchado contra varios intentos de los abogados defensores de dividir el caso entre diferentes jurisdicciones.

La mayoría de los miembros del equipo, cuya edad media es de 36 años, estudiaron en prestigiosas escuelas de derecho de EE.UU., Europa y Brasil, pero no son ampliamente conocidos en los círculos jurídicos del país.

El grupo se ha organizado más como una firma de abogados que un equipo de fiscales. Cada uno tiene una especialidad, como lavado de dinero o fraude electrónico.
Los fiscales recurren mucho a acuerdos de culpabilidad con los acusados, una técnica que no había sido utilizada con frecuencia en Brasil. Hasta ahora han alcanzado 12 conciliaciones de este tipo, muchas de las cuales involucran el lavado de dinero, y esperan llevar a cabo otras.

El efecto último de la Operación lava autos tal vez no se sepa por años. Las firmas de los abogados defensores están intentando desacreditar a los fiscales. Uno ha pedido el retiro del juez Moro. Otro busca que se descarte toda la evidencia de mensajes de BlackBerry.

Algunos en Brasil temen que la política se imponga sobre la justicia. La presión está creciendo para que se alcancen acuerdos con las empresas de construcción paralizadas por el escándalo, para proteger la economía.

Los fiscales tienen ambiciones que van más allá de la Operación lava autos. Quieren reescribir secciones del código penal de Brasil que, según afirman, facilita que los ricos y poderosos escapen con castigos leves. A través del fiscal general, enviaron hace poco al Congreso una lista de propuestas de reformas.

“Creo que Brasil será un país diferente después de la conclusión de este proceso”, confía Antonio Augusto de Queiroz, director de DIAP, un organismo regulador del Congreso. “Si las personas (de altos ingresos) van a la cárcel, con sus activos confiscados, quien considere hacer lo mismo tendrá que pensar acerca de la relación costo-beneficio”.

Publicaciones relacionadas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Cerrar