El Gobierno japonés contempla extender la tutela estatal sobre la gestión de la operadora de la accidentada central nuclear de Fukushima, TEPCO, debido al incremento de los costes del desmantelamiento de la planta, según informó la agencia Kyodo.
El Ejecutivo tenía previsto reducir su participación en la empresa a partir de abril del próximo año, cuando la compañía iba a pasar de la “gestión pública temporal” a ser una “empresa autogestionada”, según consta en el plan de negocios de Tokyo Electric Power Company (TEPCO) de 2014.
Sin embargo, esta intervención se ampliará hasta una fecha aún por determinar debido al aumento de los costes del desmantelamiento de la planta y de las compensaciones para la población evacuada a raíz del accidente, señalaron fuentes del Ejecutivo a la citada agencia nipona.
El desmantelamiento de la central se alargará entre 30 y 40 años, y su coste total -añadiendo compensaciones a los evacuados y otros gastos relacionados- ascenderá a entre 8 y 13 billones de yenes (entre 64.200 y 104.000 millones de euros), según diferentes estimaciones de TEPCO y de expertos nipones independientes.
El Gobierno, por su parte había situado su cálculo en unos 11 billones de yenes (96.591 millones de euros), aunque ha comenzado a trabajar con la hipótesis de que el coste será significativamente mayor, señalaron las mismas fuentes.
Tras la catástrofe nuclear desencadenada por el terremoto y el tsunami del 11 de marzo de 2011, el Gobierno adquirió el 50,1 por ciento de los derechos de voto en TEPCO a través de dos compañías destinadas a gestionar el desmantelamiento de la planta y las compensaciones a los damnificados por el accidente.
Además, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria ha destinado a un equipo de funcionarios en las instalaciones nucleares para supervisar las operaciones de desmantelamiento y la contabilidad de la empresa.
TEPCO planeaba compensar los enormes gastos acarreados por Fukushima Daiichi con la reactivación de algunas de sus otras plantas nucleares bajo las nuevas y más estrictas regulaciones de seguridad aprobadas a raíz del accidente, pero este proceso podría alargarse más de lo previsto.
Fukushima en su peor momento: marzo del 2011. Un terremoto seguido de un feroz tsunami daño los reactores nucleares desatando un incendio y una radiación que hasta hoy impactan sus consecuencias.
El panel directivo de TEPCO tiene previsto celebrar esta semana una reunión con responsables del Ministerio de Economía, Comercio e Industria en el que se discutirán la extensión de la intervención pública.
El accidente de Fukushima Daiichi se considera el peor desde el de Chernóbil (Ucrania) en 1986.
Las fugas y vertidos resultantes aún impiden que miles de personas que vivían cerca de la central puedan regresar a sus casas, y han dañado gravemente a la agricultura, la pesca y la ganadería local.
