Una corte federal de apelaciones falló el lunes pasado que los demandantes ecuatorianos no podrán ejecutar en Estados Unidos la demanda por la que Chevron debería 9.000 millones de dólares en compensación por los daños medioambientales que tuvieron lugar en Ecuador entre 1964 y 1992.
Esta sentencia viene a ratificar la emitida en el marzo de 2014 por un juez neoyorquino, que decretó que la sentencia a favor del país sudamericano ha sido dictada de manera fraudulenta, ya que consideró probado que el abogado estadounidense que promovió la demanda, Steven Donziger, falseó informes medioambientales y sobornó al juez que emitió el fallo.
La decisión del juez Lewis Kaplan no anuló la multa, pero sí que impidió que pudiera ser ejecutada en cualquier tribunal de Estados Unidos. Además, favorecía que no se pudiera llevar a efecto en los tribunales de Canadá, Brasil y Argentina, donde la petrolera tiene activos. Los defensores de la demanda ecuatoriana apelaron la sentencia, que ahora, dos años y medios después, ha sido ratificada por el tribunal de apelaciones.
«No existe una autoridad que sugiera que una de las partes, ignorante de las acciones fraudulentas de sus abogados, pueda implementar una sentencia obtenida de forma fraudulenta», argumentaron los jueces. «Ni siquiera los clientes inocentes pueden beneficiarse del fraude realiza por su abogado», continuaron.
El abogado de Donziger, Deepak Gupta, afirmó que el fallo judicial “no tiene precedentes” y advirtió del peligro que puede suponer en casos futuros contra grandes corporaciones. “La decisión pone en manos de corporaciones adineradas un patrón para eludir la responsabilidad legal en cualquier parte del mundo”, afirmó Gupta en un comunicado. Además, advirtió, “tira por la ventana todo el marco de implementación internacional de sentencias”.
Por el contrario, el vicepresidente de Chevron, R. Hewitt Pate, celebró la sentencia como una prueba más, dijo, de que “el juicio ecuatoriano contra Chevron es ilegítimo y el producto inaplicable de una mala praxis”.
Pese a haber ganado esta batalla, la guerra judicial por este caso está lejos de terminar. Una portavoz de los demandantes, Karen Hinton, aseguró a medios estadounidenses que se seguirán “explorando todas las opciones para una futura apelación” de la sentencia.
“Por muy decepcionante que sea, este fallo no va a impedirle a los ecuatorianos, a sus abogados y a sus seguidores seguir buscando la justicia en Canadá y en otros países donde están en marcha juicios para decomisar activos de Chevron”, prometió Hinton, que calificó la decisión del tribunal de apelaciones como un “día triste para el sistema judicial estadounidense”.
El origen de la disputa legal se remonta a 1993, cuando Donziger interpuso una demanda ante los tribunales de Nueva York en nombre de 30.000 indígenas de Lago Agrio, en el noreste de Ecuador, exigiendo una reparación económica a Texaco por haber contaminado las aguas de la región con sus prácticas extractivas entre 1964 y 1992. Texaco consiguió que la demanda fuera admitida en Ecuador y, cuando Chevron adquirió la compañía en 2001, también heredó la contienda legal.
En 2011, el juez ecuatoriano Nicolás Zambrano resolvió en contra de la multinacional, condenándola a una indemnización de 19.000 millones de dólares, la más dura contra una petrolera por contaminación medioambiental, hasta la fecha. La pena fue rebajada posteriormente a la mitad, 9.500 millones, por la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. Chevron se negó reiteradamente a pagar la multa.
