Un nuevo capítulo se abre en la venta de la Central Hidroeléctrica Chaglla, que de concretarse sería el primer activo de la constructora Odebrecht en venderse bajo el amparo de la nueva ley que asegura el pago de la reparación civil promulgada en marzo de este año.
Fuentes del sistema financiero, involucradas con el proceso, revelaron que pese a que la nueva ley, aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo en reemplazo del DU 003, “no ha sido de mucha ayuda”, esta vez se logró un “consenso” para un acuerdo final en la venta de la hidroeléctrica.
Este consentimiento se consiguió entre la constructora Odebrecht, los bancos involucrados y el consorcio comprador China Three Gorges, “ajustados a los lineamientos de la nueva ley” (Ley N° 30737), el mismo que asegura el pago de la reparación civil a favor del Estado peruano de las empresas involucradas en actos de corrupción.
No obstante, para el “paso final” que implica la suscripción de un nuevo contrato entre las partes implicadas, “solo se está a la espera de la respuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a una consulta realizada”, mencionaron las fuentes del sistema financiero consultadas a ese respecto.
Básicamente, la “confirmación” de parte del Ejecutivo de que el dinero de la venta de Chaglla, que vaya al fideicomiso, sea usado para el pago de la reparación civil de Odebrecht tal como lo establece la Ley N° 30737.
La nueva ley, cabe recordar, establece la retención del 50% del precio de venta para el fideicomiso.
¿Por qué es necesaria esta confirmación si es que la propia Ley N° 30737 en su artículo N° 7 se especifica que el fideicomiso -que será administrado por el Banco de la Nación– tiene por finalidad servir al pago de las reparaciones civiles que correspondan al Estado?
Las fuentes del sistema financiero comentaron que si bien es lo lógico, también es “necesario contar con la garantía del Ministerio de Economía y Finanzas de que así se hará”.
En esa línea, explicaron que pese a que no hay un plazo establecido para que el MEF responda a esta consulta, piden que sea resuelta “lo antes posible” para concretar la venta de Chaglla, postergada desde que se anunció la firma de un acuerdo con este consorcio para la venta de Chaglla, en agosto del 2017.
Para concretar la venta de Chaglla se necesitaba la aprobación de este acuerdo por parte del Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Economía y Finanzas, al amparo del DU 003 creado por la administración de Pedro Pablo Kuczynski para resguardar el pago de la reparación civil.
No obstante, pese al cumplimiento de lo establecido por aquella norma, el Gobierno -bajo el mando de PPK- no dio “luz verde” a esta compra hasta la aprobación de la ley que reemplazaría al DU 003. El contrato, suscrito en agosto del 2017, fue válido hasta febrero del 2018.
¿Qué ocurrió después? Los bancos que financiaron parte de la obra pusieron condiciones para continuar con la transferencia, debido a que la retención del 50% de la transacción para el fideicomiso (al amparo de la nueva ley) ponía en riesgo la deuda que tiene la concesionaria (Empresa Generación Huallaga) de US$ 320 millones.
A lo que se sumaban las deudas con trabajadores y otros por US$ 840 millones, que al restarle los casi US$ 1,400 millones (que fue el monto que se acordó para la venta de Chaglla en agosto del 2017), quedaba un saldo de US$ 560 millones, por lo que era imposible concretar la venta, según reveló en marzo de este año una fuente bancaria.
Consultados respecto a cómo quedó esta situación, las fuentes consultadas reiteraron únicamente que “se suscribirá un nuevo contrato de venta acorde a la Ley N° 30737”, con lo que el monto inicialmente acordado (de US$ 1,400 millones) sería otro.
Si el MEF “garantiza” a los interesados en la adquisición de Chaglla, que el fideicomiso que se creará por esta transacción será para el pago de la reparación civil, inmediatamente después se firmará un nuevo contrato de venta entre Odebrecht y China Three Gorges que deberá someterse a la Ley N°30737.
Según el reglamento de esta norma, el consorcio chino deberá presentar ante el Ministerio de Justicia una solicitud para la autorización de la adquisición. Tras ello, el Minjus y el MEF tienen hasta siete días para pedir información adicional al adquirente.
Asimismo, el Minjus deberá pedir, en ese lapso, al procurador público el monto estimado de la reparación civil. Tras recibir la opinión del MEF, el Minjus tiene hasta 15 días para emitir un pronunciamiento para la creación del fideicomiso.
