(8 Feb. 2017) La agencia Moody’s Investors Service redujo de 4,5% a 3,7% su proyección de crecimiento de la economía peruana para el presente año debido a las consecuencias directas e indirectas del “efecto Odebrecht”.
Según un reporte de Jaime Reusche, vicepresidente senior de Análisis de Moody’s, las investigaciones del caso de sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios públicos de Perú podrían afectar a otras grandes inversiones públicas.
Explicó que el mayor efecto vendrá por la suspensión de las obras del Gasoducto Sur Peruano (GSP), cuyo proceso de financiamiento que realizó Odebrecht “fracasó”.
“En virtud del contrato con el gobierno peruano, si no se obtenía financiamiento para el GSP, las autoridades tenían la opción de rescindir el contrato o imponer una sanción, que ya lo han hecho”, indicó Reusche.
En ese sentido, advirtió que existe la preocupación de que los casos de corrupción contra la constructora brasileña pueda “descarrilar” otros proyectos.
Según la presidenta del Congreso, Luz Salgado, estos casos graves de corrupción dañan la imagen del país pero –sobre todo– dañan la esperanza de millones de peruanos que desearían haber visto esos recursos en obras que estarían dando resultado frente a un fenómeno de El Niño.
Sobre el último ‘escándalo’ de sobornos que involucra al ex presidente Toledo, que habría recibido US$ 20 millones en pagos, Salgado aclaró que no se trata de una persecución política.
“No se puede alegar persecución política. Existen pruebas acumuladas, adquiridas no solamente desde la prensa, sino de instituciones que son del extranjero”, mencionó.
Por el caso de los sobornos pagados por la constructora Odebrecht a funcionarios públicos de Perú, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) agregó dos nombres a la gran cantidad de personajes que lucharán ante este caso de corrupción.
Mediante una resolución suprema se designó a la abogada Katherine Ampuero, como Procuradora Pública ad hoc para que ejerza la defensa jurídica de los derechos e intereses del Estado peruano ante los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales, nacionales e internacionales, en las investigaciones y procesos vinculados al caso Odebrecht.
En tanto, la encuesta Pulso Perú, elaborada por Datum, reveló que el 85% de los peruanos considera que el gobierno debe continuar con la lucha contra la corrupción a pesar del impacto negativo que pueda tener en la economía del país. En todos los niveles socioeconómicos el porcentaje supera 74%, pero en el A/B y en el C llega a 94% y 93%, respectivamente.
