(17 Mayo 2017) Hoy en el Perú contamos con una potencia instalada de 14,800 MW, mientras la máxima demanda alcanza 6,500 MW. El exceso de capacidad instalada tiene como origen la sobre oferta provocada durante el gobierno anterior, que no entendía las reglas del mercado (por pensar inocentemente) y promovió el desarrollo de proyectos de generación eléctrica con precios garantizados, mientras al mismo tiempo, se produjo la paralización de los proyectos mineros que hoy estarían resolviendo los problemas de crecimiento económico del Perú.
Para quien no esté familiarizado, las fuentes energéticas en el Perú de hoy son muy limpias; 46.5% hidroeléctrica, 45.4% gas natural, incluyendo “ciclo combinado”, 2.1% eólica y 0.5% fotovoltaica (solar), dejando solo para fines de reserva extrema, fuentes contaminantes (carbón, residual y diésel), por lo que pretender promover fuentes alternativas de generación eléctrica para sistemas interconectados, por razones ambientales, es una falacia.
Bajo las circunstancias mencionadas, queda claro que, quienes creyendo en la economía de mercado asumieron los riesgos empresariales y optaron por invertir en generación para el bien del Perú, sin pedir nada al Estado, hoy sufren la competencia desleal de aquellos que, promovidos por el gobierno de Humala, recibieron garantía de precios en el largo plazo, obviamente pagada por la ciudadanía.
No contentos con eso, hoy promueven en el Congreso leyes de corte mercantilista que fomentan más subastas de energía alternativa, ciertamente con precio garantizado, otra vez de cargo del ciudadano.
Ya basta de negociados, pues al paso que vamos nos sobrará energía por lo menos por una década (hasta el año 2028 según el COES) y siempre que tengamos un crecimiento económico de 5% por año de manera sostenida.
Igualmente, es tiempo de olvidarse de propuestas de ley, tales como la presentada el 5 de mayo para declarar de “interés nacional y necesidad pública la construcción de la Central Hidroeléctrica Santa María”, so pretexto que le falta energía eléctrica a la población de Apurímac, como si con el sistema interconectado de transmisión eléctrica nacional, fuera necesario que cada departamento cuente con una central de generación eléctrica propia para que “le cueste más barato al consumidor local”. No deja de sorprender el número de congresistas que se suman a este concepto y firman tal proyecto, sin informarse de cómo funciona el mercado eléctrico.
En el Perú debemos permitir que el sector empresarial invierta, asumiendo sus riesgos empresariales y de mercado, sin más intervención estatal que la de garantizar el marco regulatorio y la estabilidad política y social, bajo el imperio y respeto absoluto de la ley.
De su lado, el sector político debe comprender que el mercantilismo no es más que una muy importante, pero soterrada forma de corrupción, de la que el Perú está harto y tenemos la obligación de desterrar. Pues gracias a esta intervención inapropiada, los mercantilistas aseguraron sus utilidades y los que invirtieron sin hacer lobby, hoy enfrentan serios riesgos empresariales, vendiendo energía por debajo de los niveles de precios que permitan recuperar la inversión y sin que esos menores precios puedan beneficiar a la ciudadanía que paga el precio garantizado.
