(22 Marzo 2017) El ex consejero delegado de Abengoa Manuel Sánchez Ortega ha depositado la fianza de 5,8 millones de euros exigida por la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela para garantizar la responsabilidad civil derivada del proceso que se sigue en su contra por administración desleal de la compañía.
Aparte de Sánchez Ortega, también han depositado las fianzas requeridas el expresidente de la compañía Antonio Fornieles y las exconsejeras Alicia Velarde y Mercedes Gracia, por importe de 3,42 millones en cada uno de los casos, según sendos autos judiciales.
Fuentes de la Plataforma de Perjudicados por Abengoa, cuyos abogados Felipe Izquierdo y Eliseo Martínez dirigen las denuncias contra la antigua cúpula de Abengoa, indicaron que el ex presidente de la empresa Felipe Benjumea no ha prestado fianza, de modo que se mantiene el embargo de sus bienes.
Tras la presentación de los escritos de conclusiones la semana pasada, el siguiente paso consistirá en el envío por parte de la jueza titular del juzgado número tres de la Audiencia Nacional de las actuaciones a la Sala correspondiente con el objeto de que se señale la fecha del juicio.
Las fuentes aseguran que el exministro socialista Josep Borrell acudirá al juicio como testigo. Recientemente, el juzgado central de instrucción número dos de la Audiencia Nacional, dirigido por Ismael Moreno, acordó no citar como investigados ni a Borrell y al resto de miembros del antiguo consejo de administración.
En lo referido a las actuaciones del juzgado número dos, en el que se estudian las denuncias acerca de un caso de falseamiento de cuentas en Abengoa, Moreno ha declarado la complejidad de la causa y solo ha admitido una querella, que es la de la Plataforma de Perjudicados por Abengoa.
La causa se instruye en la actualidad en este juzgado por la presunta comisión de dos delitos, que son el societario y el de falsedad en la inversión en los mercados de valores. Los investigados son Benjumea y Sánchez Ortega.
En todo caso, las fuentes de la plataforma indican que, conforme avance la instrucción, su objetivo es ampliar el numero de investigados a todos los miembros del consejo de administración, al auditor y a la propia empresa como persona jurídica.
A comienzos del año pasado, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazó las pólizas de seguro presentadas por Sánchez Ortega y por Benjumea para cubrir sus respectivas peticiones de fianza.
Para hacer frente a la caución, la magistrada ordenó el embargo de cinco turismos de marca Chrysler, Mercedes o BMW y diez fincas que constan a nombre de Benjumea, y prohibió a Sánchez Ortega disponer de un vehículo Jaguar, aunque a este último le levantó la caución días después de que presentara un aval bancario para cubrir la fianza.
La magistrada ordenó también bloquear los saldos que constan en las cuentas bancarias de Benjumea, incluyendo todos los productos bancarios, tales como fondos de inversión, planes de pensiones o imposiciones a plazo fijo, que pudiera tener contratados.
