La máxima corte de Gibraltar dictaminó en contra de dos empresas representantes de un grupo de ecuatorianos que demandó a Chevron y determinó el pago de US$38 millones en daños al considerar que “conspiraron” en contra de la petrolera para buscar una sentencia fraudulenta, dijo la semana pasada Chevron.
Este fallo se suma a varios que han favorecido a Chevron en los últimos años en el caso frente al grupo, que ha buscado en varias jurisdicciones hacer cumplir una sentencia ecuatoriana del 2011 que exigía a la petrolera una compensación de US$8.650 millones por contaminar un área de selva de Ecuador.
“En los tribunales de todo el mundo, este esquema fraudulento contra Chevron Corporation sigue implosionando”, dijo R. Hewitt Pate, vicepresidente y asesor general de Chevron, citado en un comunicado.
Los esfuerzos para hacer cumplir la sentencia ecuatoriana han sido rechazados en cortes en Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos.
La petrolera informó sobre el nuevo fallo en la Corte Suprema de Gibraltar en contra de Pablo Fajardo, Luis Yanza, Ermel Chávez, el Frente de Defensa de la Amazonia y Servicios Fromboliere “por su rol en una conspiración para procurar e imponer una sentencia fraudulenta ecuatoriana contra Chevron”.
“La Corte le otorgó a Chevron Corporation US$38 millones en daños e intereses y emitió una orden judicial permanente contra los defensores, impidiéndoles asistir o dar algún apoyo en el caso contra Chevron”, añadió en el comunicado.
Ese monto resulta de honorarios legales y otros costos incurridos por Chevron para descubrir y combatir la conspiración y el tribunal también ordenó a los demandados reembolsar a la petrolera por los gastos futuros en los que incurra al defenderse del fraude, precisó.
Fajardo, Yanza y Chávez son directores de Amazonia Recovery Ltd, con sede en Gibraltar y creada por Steven Donziger, un abogado estadounidense que representó a un grupo de ecuatorianos que demandó a Chevron.
Si bien no hay duda de que hubo contaminación, la petrolera con sede en California argumentó que no es responsable y que Donziger y sus socios orquestaron la redacción de un reporte medioambiental clave y sobornaron al juez que presidió el caso en Ecuador.
