Una dura batalla es la que espera al estado español ante la lluvia de recursos que han estampado, al menos, veinte empresas generadoras de energía renovable no convencional (ERNC) ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por los recortes de subsidios a la energía solar y, en especial, a la termosolar, iniciados a finales de 2010.
La más reciente la interpuso la sociedad SolEs Badajoz GmbH, firma radicada en Alemania. Otras fueron presentadas por los fondos OperaFund Eco-Invest Sicav, que tiene licencia de Malta, y Schwab Holdings, radicado en Estados Unidos.
A ellos se sumó la multinacional E.ON, la firma portuguesa Cavalum y los japoneses de JGC Corporation. Además, también han acudido al Ciadi KS Invest y TLS Invest, y, anteriormente, un grupo de inversores alemanes formado por Matthias Kruck, Ralf Hofmann, Frank Schumm, Joachim Kruck, Peter Flachsmann, Rolf Schumm, Karsten Reiss y Jürgen Reiss.
Estos arbitrajes de origen alemán se agregan a los iniciados anteriormente por inversores procedentes del mismo país, entre ellos también figuran Steag, BayWa, RREEF y un consorcio de ocho empresas en el que participa RWE.
El Ciadi también registró la denuncia del fondo Cube Infraestructure, promovido por el banco francés Natixis, y de la firma norteamericana 9REN, según consta en los registros del organismo internacional.
Además, el organismo había iniciado la tramitación de las demandas de Infrared, Masdar, Eiser y Antin, que ya cuentan con tribunales constituidos para analizar su caso, así como de Renergy y Nextera, que se encuentran a la espera del análisis de las alegaciones presentadas en ambos casos a mediados de noviembre por una parte ajena a la disputa.
A estos demandantes se suma el accionista de referencia del grupo Natural Electric, que tiene nacionalidad mexicana.
Otras demandas
España, además, cuenta con una demanda en Uncitral, presentada por PV Investors, y con tres en la Cámara de Comercio de Estocolmo, todas ellas por violación de la Carta de la Energía.
Según publicaciones europeas, los demandantes son empresas y fondos que acudieron a España atraídos por los subsidios que ofrecía el gobierno para atraer la inversión en renovables, buscando ubicar al país a la vanguardia de estas tecnologías.
Al cabo de un tiempo y al no establecer límites de instalación, el desarrollo de estas energías encareció la cuenta de energía y obligó a contener las nuevas plantas y, posteriormente, a efectuar recortes.
Con todo, las demandas interpuestas no se dirigen contra una normativa concreta, sino a los sucesivos cambios regulatorios, iniciados en 2010 con el recorte a las horas anuales de energía fotovoltaica con derecho a prima y al que posteriormente se han sumado varias reducciones de los pagos.
