(Miércoles, 12 de noviembre, 2014).- En los últimos años el Estado Peruano, a través de la Dirección General de Electrificación Rural (DGER), ha invirtiendo cerca de S/. 3,000 millones (US$1,000 millones) desde el 2008 en electrificación rural y ha registrado un promedio de ejecución del presupuesto anual de 80%.
“A pesar de los esfuerzos del gobierno en los últimos años, el coeficiente de electrificación rural se encuentra cercano al 70%, siendo significativamente menor al de países vecinos como Chile (96%), Ecuador (96%) y Colombia (90%), aunque para este análisis es importante considerar las diferencias demográficas y geográficas con estos países”, indicó Ricardo Del Águila, socio de Auditoría de EY.
De acuerdo al Censo del 2007, el coeficiente de electrificación rural se encontraba en 29.5%, a la fecha se estima que ha alcanzado el 70%.
Según especialista de EY, 90% y 70% es la cobertura de electrificación nacional y rural en el Perú, respectivamente
“Conforme se avanza en la electrificación rural, la tarea se vuelve cada vez más compleja ya que se inicia con aquellas poblaciones cercanas a la red nacional y a medida que se avanza van quedando las poblaciones que presentan las condiciones más complicadas. Es en estos casos, que aplica plenamente el concepto de inclusión social y, es una de las razones por las que el Estado está promoviendo otro tipo de proyectos, como los de energía renovable, para lograr este objetivo”, dijo Del Águila.
Por esta razón, en los últimos cinco años, el Estado ha dado en concesión más de 50 proyectos de suministro de energía con recursos de energía renovable, siendo la energía solar (fotovoltaica) la de mayor viabilidad para estos casos.
De acuerdo al Plan Nacional de Electrificación Rural (PNER), se espera que en los próximos 10 años, 5.2 millones de habitantes cuenten con acceso a los servicios públicos de electricidad. (Fuente: Gestión)
En la electrificación rural en el Perú, es necesario la participación de las comunidades campesinas y pobladores rurales para que puedan aportar parte de la mano de obra que se requiera, con la finalidad que se pueda cubrir mayores áreas de electrificación con los recursos económicos que se dispongan. Esto requiere una adecuada organización por parte del estado a través de sus instituciones locales y regionales.