La mayoría oficialista de la Cámara de Diputados aprobó los proyectos de ley para dar curso a los contratos de servicios petroleros para las áreas San Telmo Norte y Astillero y para autorizar el contrato para el área Iñiguazu, todos en el departamento de Tarija.
Los proyectos son polémicos, especialmente el del campo San Telmo, porque está ubicado en el área protegida de Tariquía. Ambientalistas de ese departamento han denunciado que la actividad petrolera podría afectar el equilibrio ecológico de esa reserva natural, una de las más importantes del país.
Las autoridades han rechazado que la afectación al área sea de significación.
“Estos tres proyectos que traemos a la Asamblea generarán cerca de $US14.000 millones por concepto de la renta petrolera. Son el resultado de la Ley de Incentivos que trabajamos en años anteriores para atraer mayores inversiones. Sólo en estos tres proyectos se van a invertir más de $US1.500 millones”, explicó Sánchez.
El ministro explicó también que estos tres proyectos son fruto de la Ley de Incentivos. “Cuando el precio del petróleo estaba en $us100 el barril, los proyectos en las corridas económicas estaban entre $us80 a $us90 eran viables, pero a partir del 2015 que cayó el precio a $us26, se volvieron totalmente inviables para YPFB y las empresas que invierten en Bolivia. Entonces, hemos generado una Ley de Incentivos que ha dado resultados importantes el año pasado, hemos firmado seis contratos, dos adendas y una cesión que representan $us 4.500 millones de inversión, en una coyuntura difícil y de crisis”
