(1 Feb. 2017) Graña y Montero, la mayor constructora de Perú, informó que evalúa vender activos por US$300 millones que le darían liquidez para el pago de sus obligaciones financieras, tras la cancelación de un millonario contrato para el desarrollo de un gasoducto.
GyM, siglas con las que es conocida en Sudamérica, tenía 20% de participación en el gasoducto controlado por la brasileña Odebrecht y que fue cancelado por el gobierno de ese país porque no consiguió financiamiento.
La constructora local dijo que debido a la cancelación del contrato deberá asumir obligaciones por US$331,5 millones, incluidos préstamos bancarios, y una garantía de US$52,5 millones que tendrá que pagar al Estado peruano por la terminación anticipada del proyecto de gasoducto.
Ahora, el gobierno planea licitar nuevamente el proyecto, que contemplaba una inversión total de US$7.200 millones.
“Si bien hemos visto que, en todos los escenarios la devolución del monto invertido en el GSP (gasoducto), nos proveerá de la liquidez necesaria para atender el 100% de nuestros compromisos, el grupo está preparado para atenderlos antes de que se efectúe dicha devolución”, señaló Mario Alvarado Pflucker, gerente general de GyM.
La compañía afirmó que las obligaciones financieras que asumirá se verán reflejadas en sus estados financieros de 2016, los cuales se elaborarán tomando una provisión, por deterioro de la inversión, de unos US$35 millones.
Por su parte el siempre acertado analista político, Aldo Mariátegui, sugiere a GyM cambiar de nombre para evitar este triste momento de su vida empresarial. Lea a continuación la columna de Mariátegui, publicada en Perú21 el pasado lunes 30 de enero.
Seamos adultos: sería calamitoso para el país que una gran empresa como Graña y Montero (GyM) terminase eventualmente colapsando por sus malas juntas con Odebrecht y otros angelitos brasileños: miles de empleos se perderían, se tendría un gran bajón negativo en el crecimiento del PBI y los aportantes de las AFP (el 40% de acciones aproximadamente, seguidas de fondos de inversión) sufrirían un serio revés en sus ahorros actuales y futuras pensiones de vejez. ¡Nada bueno para nadie!
Lo más cuerdo sería, mientras sigan las investigaciones y se deslinden responsabilidades penales, que ese entre 17% y 30% de acciones que pertenecen a todos aquellos propietarios familiares y altos funcionarios cuestionados pasen a ser administradas por un fideicomiso independiente; se le entregaría así provisionalmente la administración de GyM a un equipo competente y sin ningún viso de posible corrupción, tal como se hizo años atrás exitosamente con el administrador Crosby en Canal 4, tras la salida de los Crousillat. Ojo que la actual GyM no solo puede tener problemas en el Perú: esta firma cotiza con ADRs en la bolsa neoyorquina, por lo que la SEC y el Department of Justice podrían aplicarles el draconiano Foreign Corrupt Practices Act.
