Rescinden contrato a grupo franco-japonés que construía planta de gas en Uruguay

La Ministra uruguaya de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, anunció que el pasado 1 de octubre se firmó la rescisión del contrato entre la firma estatal Gas Sayago y el consorcio franco-japonés GNLS que se encargaba de construir y operar durante 15 años una planta regasificadora en Montevideo.

Se trata de las obras de una planta de recepción, almacenamiento y regasificación de gas licuado, considerada un «hito» para la transformación de la matriz energética del país, que fue concretada y firmada en 2013 durante el mandato del anterior Presidente uruguayo, José Mujica (2010-2015).

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En un almuerzo con la Asociación de Dirigentes de Marketing, Cosse afirmó que efectivamente el 1 de octubre se firmó el acuerdo por el que se rescinde el contrato a GNLS, que ya había manifestado su intención de retirarse del proyecto, y sostuvo que se cobrará la garantía de 100 millones de dólares por su parte.

«Es una excelente noticia para el Uruguay y se sale sin perjuicio para el Estado», afirmó la ministra en declaraciones recogidas por el diario uruguayo El País.

Cosse no determinó si se retomarán las obras, en las que estaban empleadas unas 700 personas, ni cuándo sería en caso de que así se decidiese, aunque en una reciente intervención en el Parlamento, la ministra dijo que en breve se llamará a una nueva licitación y que la planta estará en operación en 2017.

La infraestructura estaba siendo construida en Montevideo por la empresa uruguaya GNLS, cuyos accionistas son la francesa Gaz de France-Suez y la japonesa Marubeni; así como por una subcontratada brasileña para Gas Sayago, sociedad formada por las compañías públicas uruguayas de hidrocarburos, Ancap, y energía, UTE.

Sin embargo, la compañía subcontratada, OAS de Brasil, se retiró del proyecto y dejó las obras a medio hacer hace seis meses, según explicó en mayo el Presidente uruguayo, Tabaré Vázquez.

De acuerdo con el mandatario, OAS pretendía cambiar el contrato inicial firmado entre el consorcio estatal y la multinacional, y pidió pasar de cobrar 14,5 millones de dólares al mes por alquiler durante 15 años a cobrar 20 millones de dólares al mes por 20 años, una vez estuviera funcionando la regasificadora.

GNLS fue la adjudicataria para la construcción y operación durante 15 años de la planta en la costa de la capital uruguaya a partir de la licitación internacional que realizó Gas Sayago.

Las obras comprenden un buque (unidad flotante) de almacenamiento y regasificación e instalaciones de recepción, amarre y conexión para buques metaneros transportadores.

En junio, el director nacional de Trabajo, Juan Castillo, afirmó que el Gobierno estudiaba mecanismos para evitar que empresas extranjeras se instalen en el país para «especular» y no cumplan garantías a «los trabajadores y la sociedad uruguaya» tras un cese precoz de sus actividades.

También destacó que «tener una planta que ofrezca gas licuado para el conjunto de la población y fundamentalmente para la industria, para que baje los costos de la energía«, es un objetivo primordial para el Gobierno.

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