Enagás prevé recuperar su inversión en el Gasoducto Sur Peruano (GSP) en un plazo máximo de tres años, una vez que el Gobierno de Perú ha dado por terminada la concesión de esta infraestructura, según la comunicación que la empresa remitió el viernes 20 a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El Gobierno de Perú ha resuelto terminar la concesión del gasoducto al entender que el consorcio encargado -del que forman parte la compañía brasileña Odebrecht, la española Enagás y la peruana Graña y Montero- no ha demostrado contar con la financiación necesaria para concluir la obra, manifestó el ministro de Energía y Minas de Perú, Gonzalo Tamayo.
Al ser preguntadas por la decisión del Gobierno peruano, fuentes de Enagás se han remitido a la comunicación enviada el pasado viernes a la CNMV.
En ella, la compañía española apuntaba que el cierre financiero del proyecto no se produciría antes de la fecha prevista del 23 de enero, circunstancia que podría dar lugar a la terminación de la concesión.
Enagás subrayaba que, en ese caso, ahora confirmado, recuperaría la inversión realizada en un plazo máximo estimado de tres años, por lo que ratificaba sus objetivos de crecimiento del beneficio y de pago de dividendos establecidos en el plan 2016-2020.
Según la comunicación remitida por la compañía española a la CNMV, el contrato del gasoducto establece que, en caso de terminación de la concesión, el Gobierno peruano debe subastarla de nuevo y, con la suma obtenida, devolver lo invertido a las empresas hasta ahora concesionarias.
Especialistas indicaron que Enagás y Graña y Montero tienen prioridad en el cobro frente a Odebrecht.
El ministro peruano ha explicado que las normas del contrato establecen que el Gobierno tiene un plazo de un año para convocar a una nueva licitación del gasoducto.
En un informe fechado el 20 de enero, la agencia Standard&Poor’s ha asegurado que ni sus calificaciones ni sus perspectivas sobre Enagás se verán afectadas por el fin de la concesión del Gasoducto Sur Peruano.
Este proyecto preveía una inversión de 7.328 millones de dólares (más de 6.800 millones de euros) para construir, operar y mantener un sistema de transporte de gas natural a lo largo de más de 1.080 kilómetros, desde el yacimiento de Camisea, en los Andes del sur de Perú, hasta el puerto de Ilo.
El Consorcio ha declarado no conseguir el financiamient, por lo que es causal para liquidar esta Consecion. Sin embargo, hay una clausula anti corrupcion, por la cual en la liquidacion se debera interponer una sancion economica por el delito cometido